Ámbito de representación del presidente ante los tribunales

Con la Junta de Propietarios, el presidente es el órgano imprescindible y cabeza visible de puertas para afuera de la comunidad. Así lo establece el art. 13 de la LPH cuando dice que: “El presidente ostentará legalmente la representación de la comunidad, en juicio y fuera de él, en todos los asuntos que la afecten”. La forma en la que se persone una comunidad de propietarios en un proceso judicial bien como parte demandante o como parte demandada tiene sus consecuencias, lo que va a condicionar tanto la extensión como los límites de la actuación del presidente.

En el primer supuesto, si la comunidad desea iniciar acciones judiciales por ejemplo para reclamación del pago de las cuotas, adopta en el proceso la posición de demandante. En estos casos, el TS ha mostrado una postura firme y clara al respecto al requerir para ello el previo acuerdo de la junta de propietarios para que el presidente accione ante los tribunales en nombre de la comunidad (STS de 10 de octubre de 2011 y STS de 27 de marzo de 2012).

En el segundo supuesto, ¿es necesario un acuerdo de junta para que la comunidad pueda defenderse como parte demandada? En este caso, la situación cambia sustancialmente. El TS en un reciente auto de 8 de febrero de 2017 considera que no se trata de un problema de ausencia de legitimación ”ad causam” sino una legitimación “ad procesum”, es decir, como se persona una comunidad de propietarios en el procedimiento. En este caso, el presidente no inicia acción judicial alguna sino que trata de defender a la comunidad de las acciones judiciales iniciadas contra ésta. A este respecto, el TS en sentencia de 27 marzo 2012 señala que “dicho acuerdo previo no puede exigirse cuando la comunidad a la que representa es demandada y se limita a oponerse a la demanda promovida interesando su desestimación (…)”.

El sentido deriva de la propia voluntad de la comunidad frente al acuerdo que resulta impugnado puesto que carece de sentido a diferencia de cuando la comunidad acciona en un procedimiento ex novo en el que la comunidad se ve abocada a un procedimiento para el ejercicio de un acción ex novo de la posibilidad de defenderse de la acción ejercitada contra la comunidad por un acuerdo que previamente haya sido adoptado. En esta misma dirección, la AP de Málaga en sentencia de 27 de noviembre de 2015 utiliza los mismos argumentos al afirmar que no se trata del ejercicio de acciones sino de la defensa por parte del presidente de un acuerdo adoptado por la comunidad no siendo preceptivo para ello la concesión de una autorización “ad hoc”.

En consecuencia y, a tenor de las distintas resoluciones judiciales examinadas al efecto, no es necesario el acuerdo de la junta para que la comunidad de propietarios que asume la posición en el proceso como parte demandada pueda defenderse sin requerir para ello el acuerdo previo de la junta.

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